Castañeda Lossio en la mira por casos de corrupción durante sus periodos municipales.
'Roba, pero hace obras'
‘La democracia no puede crecer si la corrupción juega ajedrez’, dice una canción de Juan Luis Guerra. Es la situación de muchos Estados, instituciones, sociedades, comunidades e incluso nuestro municipio. El alcalde, Luis Castañeda Lossio, no ha tenido corrección ejemplar alguna pese a las múltiples irregularidades en sus periodos. Entre ellas están el caso Comunicore, los contratos de concesión, cobros elevados de peajes, quejas en el sistema de transporte y reportes de costos multiplicados en obras, de las cuales varias se dañaron rápidamente.
El mayor escándalo de la primera gestión de Castañeda empezó el año 2009. Hablamos del caso Comunicore. Consistió en operaciones bancarias encubiertas, deudas sobrevaluadas y documentos presuntamente falsificados. Los gerentes en la gestión de Castañeda, quienes tenían la confianza del alcalde, entre los últimos días del 2005 y los primeros del 2006, pagaron una deuda de 35.9 millones de soles a una empresa llamada Comunicore.
La comisión investigadora de la Municipalidad de Lima sobre el caso, presidida por la regidora Marisa Glave, encontró que la municipalidad solicitó un crédito de 87 millones de soles destinado exclusivamente para pagar deudas con el sistema financiero. El pago a Comunicore no estaba presupuestado. Aun así, se canceló en menos de un mes, pese a que debió hacerse en diez años. El Ministerio Público denunció a 15 investigados, incluyendo a Castañeda.
Sin embargo, en 2013 la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima excluyó a Luis Castañeda Lossio de la acusación de haber cometido los delitos de colusión y malversación de fondos. La sala considera que Castañeda Lossio "no tuvo ninguna participación en los acuerdos realizados con la empresa Relima y Comunicore", y que no existe ningún acto de concertación.
Por otro lado, hubo un fuerte rechazo al peaje implantado en Puente Piedra. La concesión otorgada por la municipalidad de la Vía Rutas de Lima, con tres peajes en la capital, quiso instalar un peaje más en ese distrito, pero los pobladores no estaban dispuestos a pagar cinco soles cada vez que entraran y salieran por dicha ruta. Su protesta fue larga y muy violenta. Ante el caos, la comuna no tuvo más opción que suspender el pago por un tiempo. Luego creó una ruta alterna libre de pago de peaje. Sin embargo, el malestar generado quedó grabado en la historia.
Otro problema de peaje fue el caso de Vía Línea Amarilla. En 2009, el alcalde firmó el contrato de concesión por 30 años y 500 millones de dólares de inversión. Para el 2013, Villarán amplió el contrato 10 años más e incrementó la inversión a 700 millones de dólares. También agregó una cláusula para que el municipio reciba el 7% de las ganancias de los peajes.
La accionista principal del consorcio era la brasileña OAS. Leo Pinheiro, expresidente de dicho conglomerado empresarial, tenía la costumbre de obtener licitaciones apoyado en sobornos. Él mismo fue a firmar el contrato con Castañeda y estrechar su mano. Actualmente está preso por el caso Lava Jato, una de las investigaciones más grandes por corrupción en Latinoamérica.
El contrato de concesión otorga la potestad a la empresa para ajustar el precio del peaje acorde a la inflación, cada primero de febrero. Según los destacados economistas Juan Mendoza, director de Maestría en la Universidad del Pacífico y Ricardo Rasilla, decano del Colegio de Economistas de Lima, con los cobros más austeros posibles y considerando un solo peaje, el concesionario ya habría recuperado, en 10 años, la inversión de 700 millones de dólares. Por lo tanto, le quedarían 25 años para obtener ganancias netas.
Para marzo de 2015, según Ipsos, el alcalde tenía 63% de aprobación y 20% de desaprobación. Cifras muy favorables y que le sirvieron de respaldo. Ya para noviembre de 2016 empieza a bajar considerablemente con una aprobación de 54% y desaprobación de 40%. Desde entonces ha ido en caída. Este último mes, su aprobación es de 18% y 78% la desaprobación.
Los proyectos formulados en los últimos tres años han terminado con un costo adicional de 660 millones de soles. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), son 359 proyectos cuyos montos superan el presupuesto inicial.
Por ejemplo, el mejoramiento del Malecón de la Costa Verde tenía asignado 68.9 millones de soles, pero, finalmente, superó los 175 millones. Mientras que el circuito vial de la Costa Verde tenía destinado 58.1 millones de soles, pero terminó gastándose más de 140 millones. También el proyecto de mejoramiento de la geometría vial de las avenidas Tupac Amaru, Alisos y Carlos Izaguirre. La obra se presupuestó en 3 millones de soles, pero se gastó 10 millones.
Otro ejemplo es la creación de la interconexión en la bajada de Armendáriz, hacia el Circuito de Playas. A dicho proyecto se le asignó 52 millones de soles, pero terminó por encima de los 103 millones. Además, el proyecto del mejoramiento del acceso peatonal en las estaciones Pacífico, Independencia y Los Jazmines, empezó con un presupuesto de 2.5 millones de soles, pero terminó costando 9.4 millones. Casi 7 millones de diferencia.
La organización Proética, tras recolectar 35 mil firmas, logró que el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) acepte la solicitud de demanda de rendición de cuentas contra el alcalde de Lima. De esta manera se puso en marcha la iniciativa ciudadana “Habla Castañeda”, ejerciéndose el derecho de control ciudadano. El alcalde respondió en febrero y, ante las quejas del colectivo, lo hizo nuevamente a fines de marzo.
En 2015, el Congreso aprobó el proyecto de ley N° 1446/2016-CR que presentó Fuerza Popular, el cual prohibía al alcalde la relección inmediata. Según declaró Castañeda a un medio televisivo, no postularía a una nueva relección en Lima. Después de la aprobación de la ley, se mantuvo negando interés en mantenerse al mando del municipio. Además, la baja aprobación que tiene, no se lo habría permitido. Muestra de ello es la derrota de su hijo en la postulación al cargo.
En dichas elecciones, el alcalde elegido fue Jorge Muñoz, quien ha criticado duramente la gestión de Castañeda diciendo que se trató de un ‘desgobierno’, en el cual, al no haber orden, se instaló la corrupción. Además, declaró que la municipalidad no le facilita información, como si se ocultaran irregularidades. Según indica, la deuda de la Municipalidad Metropolitana de Lima supera en 300 millones de soles el presupuesto que tendrá su gestión entrante, dificultando en gran medida su trabajo para el siguiente año.
Lamsac ha aumentado el cobro del peaje de 5 soles, a 5.30 y, recientemente, a 5.70 en las cinco garitas de peaje ubicadas en la Vía de Evitamiento y en el túnel de la Línea Amarilla. Al respecto, Muñoz está haciendo consultas legales y evaluando estrategias de solución según la información que se tenga sobre el caso.
Por su parte, el procurador de la Municipalidad de Lima, Ricardo Rodríguez, reveló que existe la posibilidad que se cancele la concesión adjudicada a Lamsac, si esta persiste en ejecutar el cobro de la nueva tarifa. Dicha determinación se encuentra en el contrato de concesión.
Según estadísticas de la Procuraduría Anticorrupción, entre los años 2010 y 2014, el 92% de alcaldes fueron investigados por colusión, malversación de fondos y otros delitos contra la administración pública. La Defensoría del Pueblo, por su parte, señala que, de los casi 33 mil casos de corrupción, el 42% implica a autoridades y funcionarios de municipalidades provinciales y distritales.
En un contexto general, las cifras no son alentadoras. Es tarea de todos el promover una gestión municipal pulcra desde nuestra participación ciudadana activa y un voto responsable. El siguiente alcalde, Jorge Muñoz, se presenta altamente capacitado y preocupado por la gestión que trabajará a partir del siguiente año. Nosotros como ciudadanos debemos apoyarlo constantemente por el bien de la democracia. Y mantenernos alerta si resulta involucrado en temas de corrupción. Ya no podemos permitir más irregularidades en el municipio.
